El empresario y presidente del Málaga C.F., Fernando Puche, y el vicepresidente, Pedro Martín Graciani, fueron detenidos por la policía el 23 de diciembre, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación policial denominada 'Rosaleda', acusados de distribuir clandestinamente a gran escala tabaco importado para suministro a barcos.
La policía imputó a Puche un fraude fiscal de 2.500 millones de pesetas, blanqueo de dinero, falsedad documental y falsedad contable, por la presunta distribución irregular de tabaco en el mercado.
La detención de los directivos del equipo malagueño se produjo en la sede de la empresa consignataria de buques de Fernando Puche, donde la policía desarrolló un registro que se prolongó durante más de seis horas.
Al concluir el examen de los documentos, la policía trasladó a Puche y a Graciani a la Comisaría, donde pasaron la noche hasta que al día siguiente, el juez Rafael Caballero Bonald, titular del Juzgado de Instrucción número seis, que investiga los hechos, decretó la puesta en libertad de ambos bajo fianza de 30 millones de pesetas, a cada uno de ellos.
El empresario y presidente del Málaga C.F., Fernando Puche, se declaró inocente de su presunta implicación en el caso y achacó su detención a «una trama orquestada por tres personas», que no identificó, pero que dejó entrever que se trataría de funcionarios aduaneros.
La policía informó de que la operación 'Rosaleda' culminó otras dos actuaciones anteriores, con el resultado conjunto de ochenta detenidos y un millón de cajetillas de tabaco rubio intervenidas.
Los investigadores imputaron a la organización la introducción desde 1997 de casi dieciocho millones de cajetillas.
Las operaciones policiales supusieron el bloqueo de 250 cuentas bancarias en todo el país y el embargo de bienes por valor de 10.000 millones de pesetas.
