Gema Martínez, Málaga

La Fiscalía de Málaga ha solicitado ocho años de cárcel para el padre y otros tantos para la madre de Tamara, el bebé de nueve meses ingresado en el Materno Infantil con un cuadro grave de malos tratos. El suceso se produjo sólo cuatro meses después de que una mujer que había dado a luz a doce hijos dejara a su pequeña de tres semanas en un bar. Dos casos que alarmaron a los ciudadanos.

Hematomas en todo el cuerpo, lesiones en la piel por quemaduras, fracturas en ambos cúbitos, radios, tibias, clavículas y fémures; pérdida del cartílago de la nariz por un golpe, anemia severa, hipocrecimiento, malnutrición y síndrome de carencia afectiva. Este fue el espeluznante parte médico emitido por el Materno Infantil tras examinar a Tamara, un bebé de nueve meses que ingresó el 4 de abril en el centro hospitalario, al que fue trasladada por agentes de la Brigada K de la Policía Local, que conocieron su situación a través de la llamada de un vecino. Cuando ingresó en urgencias, la pequeña era ya insensible al dolor, debido a los golpes recibidos desde sus primeros meses de vida.

En el transcurso de una conferencia de prensa, el jefe del Servicio de Pediatría, Antonio Jurado, llegó a afirmar que en 30 años de ejercicio no había conocido un caso igual y apuntó directamente a las administraciones públicas como responsables de que la pequeña hubiera permanecido con unas personas a las que ya se les había retirado con anterioridad la custodia de otros cuatro hijos.

Efectivamente, el caso de esta pequeña, que permaneció durante más de un mes y medio en el Materno Infantil y que posteriormente fue entregada en adopción a una familia que no reside en Málaga, puso de manifiesto la falta de control de las administraciones sobre menores en situación de riesgo ya que, sólo cuatro meses antes se había producido el abandono de otro bebé en un bar de la ciudad. La Junta de Andalucía había retirado a la madre a sus otros once hijos.

La confrontación política no tardó en estallar y así, la delegada de Asuntos Sociales, Ana Paula Montero incidió en la responsabilidad de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, como los órganos más próximos a los ciudadanos, a la hora de detectar e informar a la Junta de Andalucía de casos como el de Tamara. Por su parte, la concejala de Bienestar Social, María Victoria Romero, reiteró que la competencia en materia de menores correspondía únicamente a la Administración Autonómica y recordó que el Servicio de Atención al Niño disponía de un extenso expediente sobre los padres del bebé, ya que le habían retirado con anterioridad a sus otros hijos.

Finalmente, el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, admitió falta de coordinación entre la instituciones, que mantuvieron una reunión de la que salió un compromiso para trabajar conjuntamente.