Sur

El magistrado Ezequiel García decretó el cierre de las diligencias previas por la rotura del depósito de agua de Cabrerizas, ocurrido el 17 de noviembre de 1997, que costó la vida a once personas y arrojó pérdidas por encima de los dos mil millones de pesetas.

El magistrado instó a las partes a que formulasen sus correspondientes escritos de acusación y pidan la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. De acuerdo con el auto abreviado, el magistrado afirmaba que de las actuaciones practicadas se deduce que los hechos investigados pudieran «ser constitutivos de once delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y daños».

En el caso están imputados varios ingenieros de la empresa Fomento, que fue la que construyó el depósito; de la subcontrata Forvap, responsable de los prefabricados utilizados y de la Confederación Hidrográfica del Sur, quienes prestaron declaraciones en los primeros meses del año y en algunos casos tuvieron que depositar fianzas que llegaron a los sesenta millones de pesetas, con el fin de poder eludir el ingreso en prisión, que desde un principio tenía previsto dictar el magistrado García.

Además de las tomas de declaración a los presuntos inculpados, el magistrado viajó a Noruega en una comisión rogatoria para que declarara un ingeniero de aquel país relacionado con la empresa Forvap.