A primeras horas de la mañana del día 12 de noviembre, las instalaciones del Centro de Acogida Temporal de la Granja Agrícola fueron derribadas. Se cerraba un ciclo de casi un lustro en que habían servido para acoger a centenares de inmigrantes procedentes, la mayoría de ellos, de distintos países subsaharianos. En el verano del 97 habían alcanzado su mayor saturación con cerca de 1.500 inmigrantes.
Tal número dio origen a problemas que superaron incluso a los que habían tenido lugar en el antiguo Hospital de Cruz Roja. Los esqueletos de los coches ubicados en las cercanías, en la zona conocida como Huerta de Salama, servían como refugio-dormitorio a los inmigrantes. En más de una ocasión fueron incendiados para que se conocieran sus protestas.
En sólo meses la situación varió. A los inmigrantes centroafricanos, por aquello del color de la piel, le resultaba mucho más difícil entrar por la frontera marroquí.
Poco a poco fueron sustituídos por argelinos, cuyo acceso era más fácil, al ser confundidos con marroquíes. Y los subsaharianos comenzaron a desaparecer, hasta el punto de que apenas hoy quedan unas docena cuando superaban de largo el millar.
Los ciudadanos centroafricanos acogidos en nuestra ciudad durante meses han sido sustituídos por ciudadanos de Irak y Bangladesh, principalmente, aunque son los argelinos los que han aumentado espectacularmente el número, aunque gracias a la labor que se lleva a cabo desde la Delegación del Gobierno, ese número está descendiendo considerablemente hasta el punto de que las instalaciones del nuevo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), están a menos de media ocupación.
Problemas
Sin embargo, estas decisiones no han estado exentas de problemas. Asociaciones humanitarias y diversas ONGs, además del Grupo de Trabajo por la Inmigración, han sacado a la luz muchas irregularidades, entre las que figuran la expulsión indiscriminada de argelinos a su país.
Esta decisión de Beamud está siendo investigada por la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha admitido a trámite una denuncia del presidente de la Asociación por Derechos Humanos.
