Votantes en las elecciones sindicales celebradas en 1954 El régimen de Franco se mantuvo como una dictadura hasta su desaparición. En este sentido, careció siempre de legitimidad política democrática aunque se dotase de un aparato institucional -comenzando por las Cortes, creadas en 1942- y de un sistema pseudorrepresentativo para elegir a sus miembros -los procuradores- mediante una elección indirecta entre los cargos de los ayuntamientos, los sindicatos y las corporaciones. Solamente en la fórmula del referéndum -donde se aplicaba el sufragio universal-, y en la elección de representantes familiares para los ayuntamientos, que constituían un tercio de los concejales -votados por los cabezas de familia, se permitía el voto directo.

Propaganda franquista en apoyo al referéndum

La evolución del sistema electoral fue paralela a la necesidad de mejorar el aspecto institucional del franquismo cara al exterior, en las postrimerías de la II Guerra Mundial, con una ampliación de la representación en las elecciones, aunque éstas nunca llegaron a perder su carácter pseudodemocrático. Emilio Lamo de Espinosa, gobernador civil de Málaga, señalaba con motivo de las primeras elecciones sindicales, en 1944, que el régimen se había instaurado "por el esfuerzo de una guerra y sólo una acción de sentido igual pero contrario puede dar al traste con nuestra continuidad política". Todavía en 1963 el diario "Arriba" escribiría que "el pueblo sabe que su destino no se juega en unas citas electorales". 

Las elecciones franquistas constituían un complejo mecanismo para designar a los representantes sindicales, concejales, diputados provinciales, procuradores y consejeros del Movimiento en sus distintos ámbitos -local, provincial y nacional-. Una serie de circunstancias desvirtuaban el sufragio, como la carencia de libertades y de partidos o sindicatos alternativos, además del control ideológico, la reducción de las bases electorales, la intervención de las autoridades y las jerarquías del régimen en el proceso, así como el carácter abrumador de la propaganda oficial.

Emilio Lamo de Espinosa

Las elecciones sindicales 

El control de los sindicatos fue uno de los instrumentos clave entregados por Franco a la Falange, cuyas jerarquías monopolizaron los cargos dirigentes de la organización sindical. Las primeras elecciones sindicales se celebraron en 1944 con un amplio despliegue propagandístico que no pudo evitar el escepticismo y la abstención de los trabajadores. La aparición, a finales de los años 50, de los primeros jurados de empresa, más la posibilidad de los cargos sindicales de participar en la negociación de los convenios colectivos a principios de los 60, decidió a las Comisiones Obreras -que gozaron inicialmente de cierta permisividad- a participar en las elecciones sindicales, mientras que la UGT y la CNT se negaban a ello por considerar que así legitimaban el verticalismo franquista. En 1966, Comisiones Obreras de Málaga alcanzaba un gran éxito electoral, que llevó al régimen a ilegalizarlas un año después en toda España y perseguir duramente a sus militantes, siendo detenidos en 1968, entre otros, Félix Barranquero Bandera, José Timonet Martín, Manuel Ruiz Benítez, José García de la Cueva, Antonio Fernández Guillén, José Sánchez Santos y Antonio Cabello Aguilera.

Comisiones Obreras alcanzó un gran éxito electoral en 1966

Los referendos 

Durante el franquismo se celebraron dos: en 1947, para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, y, en 1967, para hacerlo con la Ley Orgánica del Estado. En ambos casos, el resultado fue aplastante en favor del sí, con una oposición testimonial de 3.725 y 11.412 votos respectivamente, y una participación próxima al 100% en la capital en 1947 y superior al 90% en 1967. 

Conseguir esas cifras de participación fue la obsesión del régimen en los referendos, y a ello contribuía una presión propagandística extraordinaria sobre los electores poniendo de manifiesto las realizaciones del régimen e identificando el voto afirmativo con el sí a Franco. En 1947, la jerarquía eclesiástica respaldó abiertamente el referéndum y la propaganda oficial se dirigía a los católicos indicándoles que votar sí suponía "estar en paz y gracia de Dios". 

En 1947, los trabajos de organización del referéndum en Málaga costaron 190.000 pesetas, según la documentación del gobernador García del Olmo, e incluían, aparte de los gastos de las actividades propagandísticas del Frente de Juventudes, numerosas partidas para alimentos a los enfermos, detenidos, niños pobres, o recetas de farmacia, en el más puro estilo caciquil de la Restauración, aunque ahora corriendo porcuenta del Estado. 

El apoyo también se lograba mediante la coerción. Como el voto era obligatorio, un edicto del alcalde de Ronda advertía a las empresas que serían sancionadas en caso de pagar nóminas sin la presentación por los trabajadores del certificado de voto y recordaba los posibles perjuicios en caso de no votar a los beneficiarios del subsidio familiar. El temor a las represalias por la abstención quedaría impreso en la memoria de los malagueños de cierta edad, como se puso de manifiesto en las primeras votaciones de la democracia cuando siguieron pidiendo certificados de votación en las mesas electorales. 

Los representantes familiares 

La Ley de Bases del Régimen Local de 1945 estableció la designación gubernativa de los alcaldes y presidentes de Diputación, así como la elección por los cabezas de familia de un tercio de los concejales en los ayuntamientos. Las primeras elecciones municipales del franquismo se celebraron en 1948. El control político del proceso era total, como se desprende de la documentación existente en el Gobierno Civil de Málaga, con la palabra "acordado" escrita a lápiz en la carpeta de cada localidad, y por los informes de los alcaldes y de la Guardia Civil sobre los candidatos propuestos al gobernador, que era quien decidía en última instancia. 

En la década de los años sesenta se produjeron algunos cambios. En primer lugar, porque se aflojó la presión oficial para conseguir altas cifras de participación, con lo que aumentó el abstencionismo y las consultas pasaron a celebrarse en días laborables. Además, quedó instituida por la Ley Orgánica del Estado la figura de los procuradores familiares, a cuya elección se incorporaban las mujeres casadas. En las primeras elecciones a Cortes por el tercio familiar de 1967, Rafael Merino fue el procurador más votado, por encima de Luis Peralta España, mientras que la participación alcanzaba al 52% de los electores. 

Los años 70 

La tendencia al abstencionismo continuaría acentuándose en las últimas elecciones del franquismo. En las municipales de 1973, por ejemplo, la participación fue del 48,5%. Pero lo más significativo fue el aumento de la competitividad que se reflejó en la denuncia de irregularidades electorales y la impugnación de los resultados, como ocurrió en las municipales de 1970, en las que se pidió la anulación de 40 colegios electorales, siendo finalmente acordadas por la Audiencia de Granada. Lo mismo ocurrió ese año en las elecciones de Marbella, donde la candidata por el tercio sindical Inmaculada Molina y su abogado, Victoriano Frías, lograron que fuesen anuladas.