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alhaurín de la torre

Ecologistas en Acción trasladará a Anticorrupción el acuerdo sobre las canteras al dudar de su legalidad

Los empresarios de la construcción temen que se encarezca la vivienda ante una previsible subida del precio de los áridos

EFE

Martes, 17 de enero 2006, 01:00

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La asociación Ecologistas en Acción expresó hoy sus dudas sobre la legalidad del acuerdo que desbloqueó el conflicto originado por el cierre de las canteras de Alhaurín de la Torre (Málaga) y anunció que trasladará la documentación sobre el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

El colectivo entiende que dicho acuerdo es "un engaño", ya que pretende suspender la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que se clausuraron las cuatro canteras.

Juan Manuel Cestino, miembro de Ecologistas en Acción, declaró hoy que a pesar del acuerdo se mantiene el "enfrentamiento" entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dado que no fue rubricado por ambas instituciones, sino de forma unilateral con el resto de las partes.

Por ello, dudó de la validez del acuerdo y de su legalidad, que espera investigue la Fiscalía Anticorrupción, órgano al que la asociación ya remitió hace unos años una denuncia sobre la ocupación de monte público por parte de una de las empresas explotadoras, que fue remitida a la Audiencia Provincial de Málaga.

Cestino sostuvo que existen "una serie de intereses transversales en todo esto" que es preciso indagar, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de la legislación.

Recordó que el acuerdo alcanzado prevé la creación de una empresa para la restauración de las zonas afectadas, para lo que a su juicio sería necesario que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre otorgue un permiso de actividad, que requeriría de un estudio de impacto ambiental y de los preceptivos trámites de información pública, indicó.

Encarecimiento de la vivienda

Los empresarios de la construcción sostienen que el acuerdo que permitió desbloquear el conflicto originado por el cierre judicial de cuatro canteras de Alhaurín de la Torre repercutirá en un aumento del precio de la vivienda en la provincia.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (ACP) de Málaga, José Prado, manifestó que "si las empresas extractoras se ven obligadas a dar una compensación al Ayuntamiento, lo natural y lógico es que eso se repercuta en el precio del árido, y el costo de la vivienda sube".

Las empresas explotadoras de las canteras se comprometieron a aportar 20 millones de euros repartidos en los siete años de duración del plan de restauración. Por ello, Prado vaticinó que se producirá un alza en el precio de la vivienda, que no concretó, y que se sumará al incremento registrado en los últimos años, que continuará porque "aún hay recorrido y se mantendrá mientras exista poco suelo", dijo.

El sector de la construcción recupera "despacio pero seguro" la normalidad tras el desabastecimiento ocasionado por el conflicto, que ocasionó en siete semanas unas pérdidas de unos 600 millones de euros en la construcción, según los cálculos de la patronal.

El conflicto, que motivó la pasada semana una huelga del sector que paralizó las obras de la provincia, originará además una demora en la entrega de las viviendas de nueva construcción que oscilará entre uno y tres meses, según Prado. "Estamos contentos de la solución, pero no de que se haya tardado siete semanas en alcanzar un acuerdo", afirmó el presidente de la ACP, quien consideró que el perjuicio es "irreversible".

Los trabajadores de las canteras reanudaron ayer la actividad y comenzaron a abastecer la demanda de áridos con el material ya extraído, que corresponde a aproximadamente un año de suministro, explicó a Efe el secretario de la Federación de Construcción del sindicato CCOO en Málaga, Salvador Rojas.

Aunque los empleados intentan abastecer con la mayor prontitud las peticiones, "no es posible suministrar a tantas obras a la vez", reconoció Rojas, quien calificó el acuerdo alcanzado de "satisfactorio" para los 198 trabajadores afectados por el cierre derivado de la falta de licencia de las explotaciones.

Una vez que esté aprobado el plan de restauración de las canteras, que se espera validar en un plazo aproximado de cinco meses, se podrán recoger el material existente que no precise horadar el terreno.

El acuerdo, que fue alcanzado el pasado viernes tras más de 23 horas de reunión y puso fin a la huelga de la construcción, solventó un conflicto que originó unas pérdidas en el sector de unos 600 millones de euros, según la patronal.

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