Empresas de telecomunicaciones copan las sanciones por vulnerar la ley de protección de datos

El auge de empresas dedicadas a facilitar conexiones telefónicas y acceso a Internet no ha tenido sólo aspectos positivos para los clientes. Aunque en los últimos meses se han multiplicado los profesionales que ofrecen dichos servicios, no siempre actúan siguiendo la legalidad y en muchas ocasiones terminan denunciados por los propios usuarios, quienes creen que sus derechos, recogidos en la ley de protección de datos, han sido vulnerados. Tanto es así que estas empresas son las que más procedimientos sancionadores tienen abiertos y las que más inspecciones han generado en el último año, según los datos facilitados por la Agencia de Protección de Datos.

En 2005, la Agencia de Protección de Datos abrió 105 procedimientos sancionadores y 314 expedientes de investigación contra las compañías del sector de telecomunicaciones, a las que ha tenido que dar un toque de atención en 143 ocasiones por cuestiones de tutela de derechos, es decir, para garantizar que los datos de los clientes estén actualizados y el consumidor afectado pueda acceder a ellos. Estas cifras duplican a las tramitadas en el sector financiero.

Prácticas fraudulentas

El desarrollo de la sociedad de la información y la liberalización del mercado de las telecomunicaciones ha generado la aparición de una serie de prácticas fraudulentas en la contratación de los servicios. Irregularidades que han motivado que muchos usuarios se vean involucrados en ficheros de deudores. Así, uno de los motivos más habituales es el alta con engaño no autorizada -conocida como slaming-.

El problema también llega cuando el usuario decide darse de baja pero la empresa continúa cobrándole una vez que ha dado orden en el banco de que no se paguen esas facturas. «Entonces hay recibos que se quedan sin pagar porque el cliente no está de acuerdo con que la empresa le siga facturando», indica el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo.

De este modo, por cantidades mínimas, miles de ciudadanos se ven dentro de los listados de morosos, de los que muchas veces tienen la primera noticia cuando acuden a un banco a solicitar un préstamo o tratan de comprar un coche. Esta falta de información es uno de los motivos que persigue la Asociación de Protección de Datos.

Y es que como recuerdan desde este organismo oficial, las empresas tienen la obligación de remitirle una carta a los usuarios para anunciarles que los han incluido en una de estas listas de deudores.

Además, el portavoz de La Federación de Consumidores en Acción (Facua), Rubén Sánchez, explica que mientras el impago esté en proceso de reclamación, la compañía no puede incluir los datos del cliente en el registro. Es decir, que si el usuario no está conforme con la cantidad que le reclama la compañía y ha presentado una queja que está sin resolver, la empresa no podría tachar de moroso al cliente.

No facilitan la baja

Sin embargo, actualmente no se respeta este punto de la Ley de Protección de Datos. Así como tampoco se respeta en muchos casos el tiempo en dar de baja a los clientes de estos registros cuando éstos ya han saldado sus deudas. «Tenemos muchos usuarios que llegan con este problema. Tras pagar la cantidad debida y solicitar la baja, las empresas siguen sin borrarle de la lista negra», explican las organizaciones de defensa de consumidores.

Este reguero de irregularidades empezará a vivir en poco tiempo sus horas bajas. Y es que la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones pretende atajar los problemas más comunes de los consumidores y ya ha anunciado que está elaborando una normativa que regulará los conflictos derivados de las altas sin consentimiento. Una medida que reducirá los ingresos en estos registros.