La costa malagueña se caracteriza,
además de por su elevada ocupación
urbanística, por una gran diversidad de
paisajes: acantilados, desembocaduras,
calas y dunas, y cuenta con el mayor
número de playas en su litoral
-concretamente 124 de un total de 321-
de toda la comunidad autónoma andaluza.
Esta riqueza ecológica no sólo sufre las
consecuencias de las construcciones
ilegales que han poblado la Costa del
Sol en los últimos años, ya que según un
estudio de la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) también existen «fuertes
consecuencias» ambientales y
socioeconómicas, como la pérdida de
biodiversidad o el deterioro del valor
paisajístico, provocadas por el abandono
o paralización de proyectos urbanísticos
en las zonas costeras nacionales debido
a la coyuntura económica.
«Las zonas costeras son lugares muy
complejos, tanto por el carácter único
de sus ecosistemas, como por el uso que
el ser humano hace de ellas», señaló la
investigadora Fátima Navas,
perteneciente al grupo Áreas Dinámicas
Naturales y Antrópicas (Adina) junto con
Rocío Carrero, Gonzalo Malvárez y
Macarena Tejada. Este grupo planteó la
necesidad de analizar el efecto que
tiene sobre el entorno el hecho de que,
tras cerca de 40 años, sigan en pie
hoteles de 20 plantas a medio terminar y
que continúe la «descoordinación» en la
ordenación de las costas.
Para estos científicos, «si el proceso
de urbanización significa acabar
prácticamente con la biodiversidad de
una zona, dejar un complejo residencial
u hotelero a medio terminar tiene una
repercusión aún mayor en el medio».
Los resultados, publicados en la revista
'Journal of Coastal Research', apuntan a
que estos impactos vienen derivados de
casos como los hoteles Atlante del Sol
(Lanzarote) y Añaza (Tenerife),
abandonados durante su construcción a
principios de los años 70 y que aún
siguen en pie. Así ocurre también con el
hotel de El Algarrobico que invade el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en
Almería y los muchos proyectos
paralizados actualmente debido a la
ilegalidad o a la falta de recursos
económicos de las constructoras que
existen en Manilva, Marbella o Vélez
Málaga, entre otros.
A raíz de esta infertilidad del suelo,
otro de los problemas medioambientales
que ha detectado el estudio es la
erosión del terreno, que se ve agravada
con la contaminación. Los alrededores de
los edificios se transforman en una
especie de vertedero donde se acumulan
basuras de diversa índole, con los
riesgos para la salud que esto conlleva.
A ello se suma la ocupación de la
infraestructura por población sin
recursos, que viven en muy malas
condiciones y sin un correcto
tratamiento de residuos, que acaban
irremediablemente afectando al entorno.
Pérdidas de empleo
No hay que olvidar el impacto
socioeconómico que conllevan los
proyectos urbanísticos a medio terminar.
No en vano, el trabajo llevado a cabo
por estos investigadores apunta hacia
cuestiones como el desempleo. La primera
de las consecuencias que desencadena el
paralizar unas obras sin plazo afecta
directamente a la población trabajadora.
Los obreros de la construcción pierden
su empleo, así como aquellos puestos que
dependen de manera indirecta de esta
actividad mediante subcontratas y los
aspirantes a solventar la futura oferta
laboral.
Otro de los factores importantes son los
conflictos que se generan entre los
distintos afectados por el abandono del
edificio. Entre ellos destaca el que
mantienen con el tiempo el sector
privado y la administración pública,
quien intenta hacerse cargo de la
situación tras la quiebra de la
constructora, y que comprende un largo
proceso que, en ocasiones, concluye con
una demolición o que se mantiene sin
resolver.
En lo que se refiere a la
responsabilidad ambiental, el estudio
pone de manifiesto que aún queda camino
por recorrer.
